El debate por una nueva Constitución ha puesto sobre la mesa una serie de demandas sociales que buscan garantizar el pleno goce y ejercicio de Derechos Fundamentales para una vida digna en Chile. Sin embargo, un gran ausente ha permanecido fuera de la discusión hasta ahora: el Derecho a la Alimentación. ¿Por qué nuestra alimentación debe ser considerada como un derecho social de cara al proceso constituyente?
Bajo el eslogan de “potencia agroalimentaria”, nuestro país se ha posicionado en las últimas décadas cómo un alumno aventajado en la región, basándose en un modelo agroindustrial altamente concentrado y con foco en la importación y exportación de commodities. Pese a los supuestos beneficios del crecimiento económico, las políticas adoptadas por el Estado desde los años ‘80 a la fecha han llevado a propiciar un sistema alimentario ambientalmente destructivo, financieramente volátil y socialmente injusto, que no ha logrado cumplir con su principal objetivo: brindarnos una alimentación que nos permita vivir plenamente.
Este modelo agroexportador ha provocado el desastre ecológico de diversos ecosistemas y ha traído consigo escasez hídrica, erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad y de recursos genéticos, y alteración de ciclos biogeoquímicos. A pesar de ello y del llamado global a impulsar un modelo agroecológico sostenible, el Ministerio de Agricultura continúa promoviendo iniciativas agroexportadoras y extractivistas como el caso de la “Granja China” ubicada -paradójicamente- en la comuna agroecológica de San Nicolás (Región del Ñuble). Este tipo de proyectos continúan socavando nuestra soberanía alimentaria y el derecho a la tierra de los jóvenes rurales que intentan abrirse paso en un mercado que sólo beneficia a grandes industrias.
La agricultura familiar campesina provee casi tres cuartas partes del suministro de frutas y verduras que se consumen en Chile, y a través de saberes ancestrales protege la resiliencia de los ecosistemas y nuestro patrimonio biocultural. Sin embargo e injustamente, enfrenta enormes dificultades para poder acceder a los mercados formales de comercialización y no cuenta con los recursos, la información ni la tecnología suficientes para su producción. Los campesinos y campesinas son empujados institucionalmente hacia un modelo convencional de monocultivos destinados a la exportación y son perjudicados por intermediarios abusivos con cargos excesivos y asimetrías de poder con la agroindustria.
Pero los problemas no radican solo en la producción de alimentos. Previo a la pandemia del COVID-19, al menos 2,5 millones de chilenas y chilenos no contaban con acceso suficiente a alimentos saludables de manera regular, y cerca de un 27% de la población no disponía de la capacidad económica para comprar una canasta de alimentos saludables. Sin duda, esto se ha agravado aún más a causa de la pandemia. Para acceder a alimentos, la mayor parte de las familias chilenas se endeudan con bancos, casas comerciales o grandes cadenas de supermercados, y el mayor gasto se concentra en productos ultraprocesados, de amplia disponibilidad y bajos precios, pero de bajo valor nutricional y alto impacto ambiental. Chile es el país con mayor prevalencia al sobrepeso y la obesidad de la OCDE (74%), y esta cifra se acentúa crecientemente en los sectores más vulnerables, en la población rural y en las mujeres.
Actualmente, nuestra carta fundamental no incluye de manera explícita el Derecho a la Alimentación saludable y sostenible, colocándola al arbitrio de las reglas e incertidumbres del mercado global. Pero la alimentación no es un problema ni una responsabilidad individual, sino que es un asunto político y colectivo, en tanto sus causas y consecuencias superan cualquier decisión individual.
Creemos que es urgente la organización y sinergia de todas las ciudadanas y ciudadanos que desde diferentes territorios y saberes trabajamos en pos una alimentación nutritiva y saludable, producida y distribuida de manera equitativa y sostenible. El debate por una nueva Constitución abre una oportunidad enorme y un desafío para imaginarnos un sistema alimentario diferente, sostenible y justo. Es momento de crear una fuerza política transformadora que ponga en el debate público la necesidad de comenzar a producir y comer alimentos reales y no mercancías. Comer es hacer política ¡nutramos nuestra nueva Constitución!
Por Camilo Corvalán y Mariana Calcagni