El proceso constituyente que se avecina en nuestro país no hubiera sido posible si no existiera un importante descontento con aquello que se ha denominado como “el modelo”. De manera paulatina, pero incesante, hemos visto durante los últimos años una serie de críticas provenientes de distintas veredas ideológicas, políticas y sectoriales sobre el agotamiento que estaría experimentando nuestro modelo de desarrollo. En ese marco, queremos proponer en estas líneas, una orientación distinta a la que hemos observado en la discusión pública hasta ahora.
En primer lugar, cabe identificar las posturas levantadas hasta ahora. Dentro del amplio espectro existente, nos parece relevante nombrar dos grupos que han dominado la discusión. En primer lugar, posicionamos a quienes mantienen una evaluación favorable al sistema económico vigente, pero reconocen ciertos límites que este está experimentando hace algunas décadas; a este grupo lo identificamos como “neoliberales”. Esta postura señala la falta de apoyo al emprendimiento, la baja de productividad, una regulación laboral rígida y obsoleta y la ineficiente gestión estatal como las principales causas que explicarían este problema. Un rápido análisis de esta posición nos muestra que este grupo tendrá un rol limitado en proponer nuevas ideas en el proceso constituyente. De esta forma, respaldarán mantener el rol subsidiario del Estado, un modelo orientado a la exportación en sectores específicos (como la gran minería, agricultura, forestal y acuícola) a través de una política de apertura comercial creciente, privilegiando los grandes poderes internacionales y el crecimiento económico como medida principal de progreso.
En segundo lugar, se ubican aquellas propuestas que podríamos calificar de “neodesarrollistas”. Éstas se erigen desde una evaluación mucho más crítica del modelo de desarrollo, reconociendo sus evidentes límites, tales como la incapacidad de hacer frente a la desigualdad, la precarización del trabajo, una baja carga tributaria que impide la provisión de derechos sociales y la concentración de las rentas de los recursos naturales. En la misma línea, se reconocen los nocivos efectos que esta realidad tiene en la calidad de nuestra democracia, otorgando altísima influencia a los grupos económicos y desincentivando la participación.
Frente a estas dos posiciones, queremos plantear la necesidad de reconocer los límites y ausencia que han caracterizado a este debate. Desde nuestra postura consideramos que si nos quedamos en el área delimitada por estas visiones, perderemos una oportunidad única para iniciar una transformación socioeconómica fundamental. Creemos que esta discusión debe iniciarse desde el reconocimiento de la presente crisis climática y ecológica, cuya resolución es el desafío social y político esencial del siglo XXI. Dado que la economía es, finalmente, la forma en que organizamos nuestra relación con la naturaleza, creemos que debemos transformar el modelo desde la convicción de que estamos obligados a disminuir el tamaño de nuestro metabolismo social. Esto se traduce, en palabras simples, a decrecer el flujo de materiales y energía que nuestra economía requiere extraer desde los ecosistemas para mantenerse en funcionamiento.
Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esto? La experiencia comparada nos da ideas, tales como el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos o el reconocimiento a la plurinacionalidad y los distintos lenguajes de valoración que esto conlleva. Sin embargo, queremos aprovechar este espacio para poner sobre la mesa posibles discusiones e instituciones que no han estado presentes en el debate hasta ahora. En primer lugar, creemos que nuestro pacto social no será efectivo si no iniciamos una intensa discusión sobre el destino de nuestras sociedades. Hoy nuestro texto constitucional reconoce como finalidad del Estado “la promoción del bien común” ¿Qué significa esto? ¿Entendemos el bienestar únicamente como el crecimiento del tamaño de nuestra economía? ¿No deberíamos avanzar hacia formas más complejas de evaluar la manera en que funciona nuestra sociedad individual y colectivamente? Creemos que este tipo de discusión puede llevarnos a diseñar mejores políticas públicas, que exijan el desarrollo y aplicación de indicadores que demuestren la complejidad de medir el bienestar. La experiencia neozelandesa es un caso interesante de explorar, así como también otros indicadores que han nacido de iniciativas no estatales, tales como la huella ecológica o el Genuine Progress Indicator, que incluso fue adoptado por el estado de Maryland, en Estados Unidos.
Por otra parte, consideramos que, por contraintuitivo que parezca, es perentorio reflexionar sobre el rol que la economía global tiene actualmente. Esto no significa apuntar a una visión ingenua que niegue el aumento en el acceso a bienes y servicios que ha permitido la inserción de nuestra economía en los flujos globales de comercio. Sin embargo, a pesar de esto, vemos que además de las consecuencias negativas identificadas por quienes designamos como “neodesarrollistas”, el impacto ambiental del modelo es sencillamente inaceptable y, lo que es peor, extremadamente riesgoso. ¿Qué significa esto en la práctica? Creemos que mediante el debate constitucional podemos establecer instituciones jurídicas que orienten la transición hacia economías sostenibles y resilientes, que se vinculen a robustecer una economía situada y contextualizada. Una idea a explorar es elevar a rango constitucional una mención explícita a la situación de crisis ecológica y climática, la cual podría identificarse mediante el concepto de “límites planetarios”, desarrollado por el Stockholm Environmental Institute. De esta forma, podemos comenzar a reorganizar nuestra economía de manera planificada y racional, fomentando trabajos con menor impacto ambiental, como la economía de los cuidados, la producción agroecológica de alimentos y la autosuficiencia energética, entre múltiples áreas.
Esperamos que con este tipo de reflexiones podamos iniciar un debate a la altura del desafío ambiental que estamos enfrentando. Hasta ahora las críticas al modelo han sido valiosas y diversas, pero no han ido al corazón del problema ecológico intrínseco de nuestra economía. Creemos que así como hemos llegado a la convicción de que en materia de pensiones le estamos fallando a la tercera edad, necesitamos alcanzar similares niveles de conciencia y movilización para trabajar por las generaciones futuras.
*Esta columna es una versión extendida de la publicada en Ladera Sur el 21 de enero de 2021
Por Pedro Glatz y Violeta Rabi