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Como académic@s e investigador@s del área socio-ambiental hacemos un llamado a una transformación constitucional. Esta transformación debe ser institucional, profunda, efectivamente participativa para ser legítima respondiendo los cambios socio-ambientales que el territorio está experimentando. Hoy el 80,7% de la ciudadanía considera que un cambio constitucional es importante o muy importante, y un 85% está de acuerdo con el movimiento. Esta es una mayoría contundente que no puede ser ignorada en una democracia.

Hemos estudiado cómo las reglas constitucionales, además de otras fuera de la constitución, han impedido el manejo adaptativo de los ecosistemas frente a los cambios socio-ambientales. Por ejemplo, ni la ley de bosque nativo, las modificaciones al código de aguas, ni los intentos para proteger los glaciares lograron proteger y regular efectivamente los ecosistemas que sostienen la vida, bajo una interpretación extrema del derecho de propiedad promoviendo la degradación de los bienes comunes proveídos por los ecosistemas. Esta interpretación ha estado amparada por fallos del Tribunal Constitucional, que la práctica opera como una tercera cámara legislativa. Caso similar ocurre con la ley de pesca, que, por haber asignado derechos de propiedad mediante las cuotas de pesca, ahora Estado debería “comprar” estas cuotas a pesar de que dicha ley carece de cualquier legitimidad para la ciudadanía. Terminando así por aplicarse una regla de forma ortodoxa olvidando así la función social que cumple la propiedad establecida en la misma constitución (art 19 n°24). Chile es altamente vulnerable al cambio climático, y ya está siendo afectado por una larga sequía que ha dejado a los sectores pobres aún más vulnerables, hemos visto incendios arrasar con regiones completas, estamos presenciando como la capacidad productiva del país decae, fomentando la emigración y la posible alza en los precios de los alimentos, lo que se ve exacerbado por la orientación exportadora promovida desde el estado. Es urgente adaptar las reglas del juego a la realidad para dar estabilidad social, económica y ambiental al país.

A pesar de que en la constitución se asegura nominalmente el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art 19 n°8), en la práctica no existe forma de asegurar esto, pues no existe monitoreo ambiental e investigación permanente que permita probar legalmente que una actividad o empresa ha infringido daño ambiental. Tristemente conocidos son ya los casos de las zonas de sacrificio donde hasta el día de hoy no se entregan soluciones concretas a los habitantes. No debemos olvidar el caso de la muerte de los cisnes, la alteración de la trama trófica y sedimentación del río Cruces en Valdivia producido por CELCO, ni el vertimiento de salmones muertos en Chiloé y posterior marea roja, que dejó a cientos de pescadores sin sustento, originado así el movimiento Chiloé esta privao que también fue duramente reprimido. Nunca sabremos sus causas pues no existe monitoreo de variables ambientales antes de que ocurrieran estos desastres. Este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación carece de respaldo sin información y monitoreo científico permanente.

Por último, entendemos que el estallido social que Chile está viviendo es resultado de un modelo productivo basado en la venta de productos de baja complejidad, que nos hizo dependientes principalmente del intercambio con China y Estados Unidos; cuando los términos de intercambio se vuelven poco favorables, el precio del dólar sube y por lo tanto sube el transporte, y otros bienes básicos profundizando la desigualdad que vive el país, lo que es la causa inicial de este estallido. Por eso hacemos un llamado serio y de largo plazo a hacer cambios en la Constitución del país, aumentar la equidad social y a diversificar la matriz productiva de Chile mediante la investigación y desarrollo de carácter público como criterio guía para una Asamblea Constituyente, participativa, legitimada por la sociedad y acorde a la realidad ambiental.

Noviembre de 2019, Chile

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