Claves para entender el despojo
En relación a los recientes e inaceptables ataques racistas a las y los hermanxs Mapuche, nos parece importante recordar que las raíces de nuestra crisis socioambiental están íntimamente relacionadas con las prácticas de colonialismo y racismo. En esta columna articulamos cómo se entrelazan estas distintas dimensiones.
A día de hoy, son los pueblos originarios de toda América los que habitan territorios con mayores niveles de degradación ambiental. Las políticas de expolio y las historias de desposesión desde el período colonial hasta nuestros días han sostenido de forma sistemática la pérdida de control territorial y la destrucción de los medios de vida de los pueblos (Castillo, 2018).
La crisis socioecológica en la que estamos inmersos, manifiesta en el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, las zonas de sacrificio y el manejo economicista de la pandemia causada por el Covid-19, es alimentada y potenciada por la imposición global del crecimiento económico sostenido externalizando los altísimos costos ecosistémicos, humanos y no humanos que apareja la industria extractiva y el mercado de commodities en el mundo. Las élites que concentran las riquezas y la ventajas de este paradigma parecen ciegas e indolentes a las consecuencias de sus decisiones sobre los habitantes y territorios del sur global; sobre todo, al dolor y al sufrimiento. Como una manada violatoria, los defensores del modelo capitalista, colonialista y patriarcal parecen decirle a los pueblos indígenas que ellos son los culpables de este dolor, que se lo merecen por no dejarse someter, que no se resistan y que si lo hacen, serán castigados.
Pero esta idea de los cuerpos y territorios que “se lo han buscado” es un mito que sólo protege a los violadores. En Chile, un 30,2% de las personas pertenecientes a pueblos indígenas viven bajo condiciones de pobreza multidimensional, mientras que esto se reduce al 19,7% para personas no indígenas” (MIDESO, Encuesta CASEN 2017; MIDESO, 2018). Esta situación no es casual, y responde a políticas sistemáticas de despojo y empobrecimiento por parte del Estado de Chile para con las poblaciones indígenas, y en particular mapuche: es una “pobreza obligada, en la que el Estado tuvo la total responsabilidad” (Bengoa 2012 en Andrade, 2019). Sin tocar la herencia de la Dictadura, desde fines del siglo XX hasta hoy los gobiernos no han parado de subvencionar monocultivos forestales de pinos y eucaliptos, en perjuicio los pequeños y medianos sistemas agrícolas locales y de los ecosistemas nativos.
La constante degradación ambiental de Wallmapu a raíz de la usurpación de sus tierras (reconocidas no sólo por su uso tradicional sino por títulos de merced, previos a la expansión del Estado chileno) y la consecuente puesta en marcha de vertederos, monocultivos, exploraciones mineras, expansión urbana, megarepresas y megaproyectos en general, han obligado a la población mapuche a migrar a las periferias de las ciudades y han precarizado sus cuerpos y sus vidas. Esto es el racismo ambiental: la destrucción de los territorios de un pueblo en beneficio de otro pueblo. El racismo es también ambiental cada vez que reproduce las desigualdades socioeconómicas y expone a las poblaciones indígenas y a sus territorios ancestrales a las más graves degradaciones ambientales provenientes del extractivismo industrial. El desastre biocultural del racismo ambiental ha dejado daños persistentes: sequía, pérdida de suelo y de ecosistemas, desplazamientos, destruyendo los territorios ancestrales mapuche y relegándolos a actividades de subsistencia. Diversas organizaciones mapuche han denunciado insistentemente a nivel nacional y ante organismos internacionales estas prácticas de racismo ambiental. Por ejemplo, el año 2007, el Estado de Chile fue denunciado por incumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Entre otras cosas, las comunidades señalaban la instalación de basurales y plantas de tratamiento de aguas servidas en sus territorios.
Chile es un Estado racista y hegemonizante, construido sobre prácticas de invasión, invisibilización y vulneración de los derechos de los pueblos y los territorios que conforman el Wallmapu. El estado chileno se fundó en la conquista genocida del pueblo Mapuche, y ha insistido en borrar su existencia. Llamar “Pacificación de la Araucanía” a la anexión forzosa de este territorio; proteger y subsidiar la usurpación y explotación del territorio; encarcelar sin respetar el derecho al debido proceso; realizar burdos montajes y hablar del “conflicto mapuche” como si la culpa fuera suya, son evidencias de este racismo y violencia estructural.
La racialización de pueblos indígenas en Chile y en el mundo construye estereotipos, imaginarios y relatos colectivos destinados a justificar el sometimiento. Lo indígena como sinónimo de salvaje, incapaz, flojo, inferior, inculto, pobre y violento, configura un “otro” reforzado por todos los medios de socialización occidental, desde las escuelas (v.g., Sergio Villalobos y su Historia de Chile) a las políticas públicas y los medios de comunicación. Estos discursos justifican las políticas asistencialistas, por una parte, y la intervención violenta de los territorios para fines productivos por otra, ambas orientadas a la inclusión forzosa de “lo indígena” en el consenso hegemónico, sin tocar las condiciones de desigualdad y discriminación estructural.
Tomar en serio la crisis socioambiental significa también incorporar las luchas por justicia social y ambiental, y soberanía territorial, así como respetar las cosmovisiones ancestrales que tienen a la base una relación armónica y de cuidado con la Naturaleza y modos comunitarios de organización social que superan la visión extractivista e individualista del modelo que impone el Estado chileno actualmente. En todo el mundo las comunidades indígenas han pagado el mayor precio por la destrucción de sus ecosistemas, que no sería posible sin la violencia política de la que son cómplices los Estados. Por todo esto, es fundamental no perder de vista las múltiples expresiones del racismo como estructura de opresión; ni olvidar este elemento cuando discutimos las crisis socioambientales.
Gabriela Cabaña, Mariana Calcagni, María Paz Aedo y Diego Arahuetes
Centro de Análisis Socioambiental
Referencias:
Andrade, M. (2019) La lucha por el territorio mapuche en Chile: una cuestión de pobreza y medio ambiente. Inégalités environnementales dans les Amériques, 225. Restacado el 04 de agosto, 2020 de https://journals.openedition.org/orda/5132#tocto1n3
Bengoa, J. (2012). “La agricultura y la población mapuche”. En Bengoa, José (ed.). Mapuche. Procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario. Santiago de Chile: Catalonia, 75-111.
Castillo, M.. (2018). Pueblo Mapuche y sufrimiento ambiental en el caso de Boyeco. La dimensión socioecológica de la desigualdad en Chile contemporáneo.. Revista Antropologías del Sur, Año 5 N°9, Págs. 29 – 43.
MIDESO (2018). Informe de Desarrollo Social 2018. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Rescatado el 04 de agosto, 2020 de http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf
MIDESO (2017). Encuesta CASEN 2017. Rescatado el 04 de agosto, 2020 de http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php