El debate por una nueva Constitución ha puesto sobre la mesa una serie de demandas sociales que buscan garantizar el pleno goce y ejercicio de Derechos Fundamentales para una vida digna en Chile. Sin embargo, un gran ausente ha permanecido fuera de la discusión hasta ahora: el Derecho a la Alimentación. ¿Por qué nuestra alimentación debe ser considerada como un derecho social de cara al proceso constituyente?
Bajo el eslogan de “potencia agroalimentaria”, nuestro país se ha posicionado en las últimas décadas cómo un alumno aventajado en la región, basándose en un modelo agroindustrial altamente concentrado y con foco en la importación y exportación de commodities. Pese a los supuestos beneficios del crecimiento económico, las políticas adoptadas por el Estado desde los años ‘80 a la fecha han llevado a propiciar un sistema alimentario ambientalmente destructivo, financieramente volátil y socialmente injusto, que no ha logrado cumplir con su principal objetivo: brindarnos una alimentación que nos permita vivir plenamente.
Este modelo agroexportador ha provocado el desastre ecológico de diversos ecosistemas y ha traído consigo escasez hídrica, erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad y de recursos genéticos, y alteración de ciclos biogeoquímicos. A pesar de ello y del llamado global a impulsar un modelo agroecológico sostenible, el Ministerio de Agricultura continúa promoviendo iniciativas agroexportadoras y extractivistas como el caso de la “Granja China” ubicada -paradójicamente- en la comuna agroecológica de San Nicolás (Región del Ñuble). Este tipo de proyectos continúan socavando nuestra soberanía alimentaria y el derecho a la tierra de los jóvenes rurales que intentan abrirse paso en un mercado que sólo beneficia a grandes industrias.
La agricultura familiar campesina provee casi tres cuartas partes del suministro de frutas y verduras que se consumen en Chile, y a través de saberes ancestrales protege la resiliencia de los ecosistemas y nuestro patrimonio biocultural. Sin embargo e injustamente, enfrenta enormes dificultades para poder acceder a los mercados formales de comercialización y no cuenta con los recursos, la información ni la tecnología suficientes para su producción. Los campesinos y campesinas son empujados institucionalmente hacia un modelo convencional de monocultivos destinados a la exportación y son perjudicados por intermediarios abusivos con cargos excesivos y asimetrías de poder con la agroindustria.
Pero los problemas no radican solo en la producción de alimentos. Previo a la pandemia del COVID-19, al menos 2,5 millones de chilenas y chilenos no contaban con acceso suficiente a alimentos saludables de manera regular, y cerca de un 27% de la población no disponía de la capacidad económica para comprar una canasta de alimentos saludables. Sin duda, esto se ha agravado aún más a causa de la pandemia. Para acceder a alimentos, la mayor parte de las familias chilenas se endeudan con bancos, casas comerciales o grandes cadenas de supermercados, y el mayor gasto se concentra en productos ultraprocesados, de amplia disponibilidad y bajos precios, pero de bajo valor nutricional y alto impacto ambiental. Chile es el país con mayor prevalencia al sobrepeso y la obesidad de la OCDE (74%), y esta cifra se acentúa crecientemente en los sectores más vulnerables, en la población rural y en las mujeres.
Actualmente, nuestra carta fundamental no incluye de manera explícita el Derecho a la Alimentación saludable y sostenible, colocándola al arbitrio de las reglas e incertidumbres del mercado global. Pero la alimentación no es un problema ni una responsabilidad individual, sino que es un asunto político y colectivo, en tanto sus causas y consecuencias superan cualquier decisión individual.
Creemos que es urgente la organización y sinergia de todas las ciudadanas y ciudadanos que desde diferentes territorios y saberes trabajamos en pos una alimentación nutritiva y saludable, producida y distribuida de manera equitativa y sostenible. El debate por una nueva Constitución abre una oportunidad enorme y un desafío para imaginarnos un sistema alimentario diferente, sostenible y justo. Es momento de crear una fuerza política transformadora que ponga en el debate público la necesidad de comenzar a producir y comer alimentos reales y no mercancías. Comer es hacer política ¡nutramos nuestra nueva Constitución!
En las comunas chilenas de Puchuncaví y Quintero, el medio ambiente y la salud de la población local han sido por años afectados debido a la presencia de un complejo industrial altamente contaminante. Hoy la comunidad, desde distintos ámbitos se organiza para detener la contaminación.
En Chile, en la provincia de Valparaíso, dentro de las comunas de Puchuncaví y Quintero, se encuentra el Complejo Industrial Ventanas. En él, operan termoeléctricas de carbón y fundidoras. Sus operaciones, que iniciaron hace poco más de seis décadas, han contaminado suelo, aire y mar, impactando la industria agrícola y pesquera local y el turismo.
La población local, no sólo está siendo afectada por el devenir económico de este impacto, sino también su salud se ha visto perjudicada. Desde hace años padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer y están sujetas a frecuentes intoxicaciones.
Chile es uno de los países en la región más afectado por el Covid-19, registrando más de 410 mil contagios. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, las industrias en el Complejo Ventanas han continuado sus operaciones, causando aún mayor temor en los habitantes de que se presente una intoxicación masiva y de que el virus tenga una mayor mortalidad en aquellos que padecen antecedentes clínicos ocasionados por el entorno contaminado.
Zona de Sacrificio Ventanas
Según el informe Matriz eléctrica y generación a carbón en Chile , elaborado por la iniciativa ciudadana ‘Chile Sustentable’, Las termoeléctricas de carbón que operan en en el país generan el 91% de las emisiones totales de CO2, el 88% de las emisiones totales de material particulado (MP); el 97% de las emisiones totales de dióxido de azufre; y el 91% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno.
En las comunas costeras de Quintero y Puchuncaví operan en la actualidad más de 15 industrias entre las que destacan empresas químicas, cementeras, de combustibles y energéticas. De ellas, Codelco con su fundición y refinería de cobre concentrado, y AES Gener con su termoeléctrica de carbón, son las empresas que más cantidad de Dióxido de azufre (SO2) emiten. En 2017, Codelco era responsable del 29.51% de las emisiones y AES Gener del 65.67%. Ante ello un análisis publicado por el Observatorio de Sostenibilidad de Chile en 2018, apunta que “por tanto, son las que mayores controles deberían asumir respecto a dichas emisiones.”
Por ello, la región ha sido denominada ‘Zona de sacrificio’, término que la sociedad civil chilena ha designado a aquellas regiones en la que el medio ambiente está siendo perpetuamente contaminado por las industrias que en él operan, afectando distintos sectores económicos locales y al bienestar de la población.
El sacrificio económico
Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, una ONG local dedicada a la problemática medioambiental, señala a la agricultura, la pesca y el turismo como los tres principales sectores económicos impactados por la contaminación generada por las industrias.
Explica que una de las razones por la que el sector pesquero ha sido afectado, se debe a que “las termoeléctricas de Ventanas succionan 80 mil litros cúbicos de agua cada hora” y explica que esta succión arrastra plancton y fitoplancton, la cual “genera una mortandad importante en estos organismos en la primera etapa de vida”.
Carlos Vera, actual tesorero del Sindicato de Pescadores de Ventanas, explica otro de los factores que ha devastado el sector en el que trabaja: la disminución de recursos marinos en la zona. Lo atribuye a dos factores: “el primero, la preferencia de uso portuario que se les dio [a las empresas] en la bahía, sin considerar la existencia de un gran número de caletas pesqueras; y el segundo, es por un factor ambiental: los residuos que estas industrias han estado tirando durante años, sin ningún tipo de de normativas y tribunales ambientales que lo regulen”
Hernán Ramírez también apunta que “En los últimos años han habido al menos 5 derrames [de petróleo, en la bahía], que afecta la actividad pesquera por el impacto sobre los organismos vivos y las ventas en la bahía. Obviamente la gente prefiere no consumir la pesca local por las concentraciones de contaminantes que tiene el producto.”
Así como la pesca, el sector agrícola ha sufrido las consecuencias. Ramírez afirma que la agricultura ha prácticamente desaparecido en el territorio “principalmente por el efecto del dióxido de azufre producto de las emisiones al encontrarse con la humedad propia del borde costero genera ácido sulfúrico, que afecta la productividad de los suelos.”
Los pozos de agua dulce están contaminados. El Ministerio de Agricultura declaró ya en el 1994 al área circundante al Complejo Industrial de Ventanas, una Zona Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado. Katta Alonso, presidenta de la organización local Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE), explica que dichos pozos contienen “aluminio, arsénico y plomo, y la recomendación es de que esos pozos se cierren. Ni siquiera sirven para regar” y agrega que “las hortalizas, todo lo que se pueda plantar, también sale contaminado, no hay nada que no esté contaminado.”
El tercer sector afectado es el turismo. Por un lado, la llegada de turistas bajó drásticamente después de los derrames petroleros. Hernán explica que “hoy en día todavía existe turismo, sin embargo, las personas con mejor situación económica obviamente prefieren ir a otras zonas y no en esta zona industrial, en donde existe un riesgo evidente a que ocurra algún incidente.”
Foto de Diego Arahuetés
El sacrificio sanitario
Las intoxicaciones masivas son recurrentes en la región. La más crítica hasta el momento ha sido la de 2018. A mediados de agosto de aquel año, más de 1700 personas se intoxicaron debido a gases emitidos desde el complejo industrial.
Los primeros casos se presentaron en escuelas “Los primeros intoxicados fueron de entre 10 y 18 años. Los síntomas: encefálica, adormecimiento de las manos, pies, vómitos y desmayos”. Cuenta María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero y cuenta que en aquel episodio “todos los afectados fueron al hospital de Quintero. Fue un caos. El hospital no cuenta con una red de oxígeno por tubos, niños siendo trasladados, gente protestando en la calle, fue terrible, había que tener mucho coraje para estar ahí”.
En el contexto actual, en el que el Covid19 impacta a las comunidades y su forma de vida, las poblaciones de Quintero y Puchuncaví viven en un doble riesgo “En esta época hay menos viento, en agosto, y tenemos miedo de otro episodio de estos.” explica María Araya, y continúa: “con esta pandemia tenemos el riesgo doble, porque el Covid19 afecta directamente a lo respiratorio, y resulta que hay síntomas del Covid19 que son iguales a los de las intoxicaciones.”
El hospital de Quintero, como Araya, explica que “es de baja complejidad, y es una instalación básica, no contamos con redes de oxígeno o respiradores.” Codelco, la segunda empresa más contaminante en la región, presentó un plan de apoyo en el que se comprometió a donar un PCR y equipo médico al hospital de Quintero. Si bien los apoyos son más que bienvenidos, Araya no olvida la responsabilidad que las industrias tienen en la salud de la población: “Tuvimos que tener la valentía de agachar la cabeza y pedir apoyo las mismas empresas que nos contaminan”
Las intoxicaciones no son el único impacto en la salud de la población que la contaminación ocasiona “1 de cada 4 niños en Puchuncaví está naciendo con problemas graves: malformaciones congénitas, problemas neurológicos graves, incluso IQ bajo y mucha dificultad de aprendizaje.” explica Katta Alonso de Mujeres de Zona de Sacrificio.
Una investigación publicada en 2019, elaborada por seis laboratorios y universidades de Chile, Rusia y EUA, concluyó que “El riesgo carcinogénico debido a la exposición al arsénico está por encima del valor umbral de 10−04 en la población de niños pequeños (1 a 5 años) en el 27% de los estudios.” y determina que “Estos valores se clasifican como inaceptables, y requieren una intervención por parte del gobierno chileno.”
En cuanto a la población adulta, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer son desde hace años la normalidad. Al respecto Katta Alonso cuenta que “la gente mayor se nos muere toda de cáncer, porque es así, está como naturalizado”.
Para atender los problemas sanitarios, Hernán Ramírez sugiere que “las autoridades sanitarias creen programas para tener especialistas en cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares en los servicios de salud.” Hernán y el análisis del Observatorio de Sostenibilidad, apunta que “El Estado y las empresas deberán reparar el daño ocasionado, asumiendo una inversión social real en los territorios, por ejemplo, con una Clínica con especialización en daños ambientales en la salud.”
Respecto a las intoxicaciones de 2018, la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección en favor de los afectados por la emergencia ambiental y con responsabilidad en diversas empresas que contaminan en este sector de la Región de Valparaíso y se ordenaron 15 medidas inmediatas. Pero poco se ha hecho, dos años después de los hechos, el domingo 23 de agosto, afectados y miembros de las comunidades, se dieron cita en Quintero, para protestar y exigir respuestas del Estado y empresas pues según afirma Araya: “De la intoxicación las autoridades no se han hecho responsables, se hicieron muchas promesas, vino hasta el presidente y no se ha cumplido nada.”
Nielze, ingeniero ambiental e integrante del CRAS (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví), ve de manera positiva que “hoy día , a diferencia de otros años, la comunidad ha sacado las garras. Después de la intoxicación de 2018 algo cambió, la sociedad civil empezó a remar.”
Foto de Mujeres Zona de Sacrificio
Remando en la Bahía
Diversas organizaciones han surgido de la sociedad civil para intentar frenar la contaminación a la que por décadas han estado sujetos. Desde diversos ámbitos, que van desde lo social a lo científico y político, han logrado ejercer una notable presión a las autoridades. Y sus victorias están latentes. Una de las más importantes fue en el 2018, cuando la Corte Suprema falló a favor de organizaciones sociales y ciudadanía en contra de las empresas y Estado -a raíz de un conjunto de intoxicaciones masivas-, reconociendo la vulneración sistemática de Derechos Humanos a la que se ve sometida la población de este territorio.
El fallo impulsó las reivindicaciones y demandas para acabar con la situación que se vive en las comunidades próximas al complejo industrial. Y han emergido diversas propuestas que ofrecen una solución a este conflicto.
Por un lado, Fundación Terram ve necesaria la creación de una nueva normativa, más exigente que la actual con respecto a los estándares ambientales. Respecto a ello, Hernán explica que “Chile tiene una normativa con estándares bastante bajos (en comparación con la recomendada por la OMS), por lo que una de las prioridades es mejorar esa normativa tanto en normas de calidad de aire como de emisión”.
Por otro lado, la urgencia de cerrar las termoeléctricas a carbón como parte de un proyecto de descarbonización que, en septiembre de 2018, el presidente de Chile Sebastián Piñera presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “En el mes de agosto se aprobó en el Parlamento que tienen que cerrar todas las termoeléctricas de carbón en 2025”, explicó Katta Alonso. Y además, el cierre de la fundición de CODELCO, que según Nilze Cortés, “cada vez que hay pico de contaminación es culpable” y además que, “si cierra la fundación se saldría inmediatamente de la zona de contaminación atmosférica”.
Todos coinciden en la importancia de reducir a la mínima expresión las emisiones de contaminantes a la vez que se debe fiscalizar individualmente a cada empresa para conocer sus emisiones. Durante la actual pandemia de covid-19, Mujeres en Zona de Sacrificio junto con otras organizaciones socioambientales han exigido a las autoridades que se pare el funcionamiento del complejo industrial. La situación sanitaria en la que ya viven los habitantes de este territorio, a causa de los impactos de las industrias, puede llegar a ser aún más crítica si aumentan los contagios de coronavirus.
Por otra parte, la comunidad lleva años exigiendo, a través de diferentes consultas ciudadanas y petitorios, que las empresas tributen en Quintero y Puchuncaví en vez de en barrios de Santiago como las Condes.
Un punto fundamental es el cómo se va a plantear la recuperación socioambiental cuando dejen de existir estas empresas. “Lo que queremos es recuperar nuestros territorios y creo que todos estamos dispuestos a limpiar, así nos tome 10 años”, comenta Katta.
Según Efrén Legaspi, vecino e integrante del movimiento Salvemos Quirilluca, “la recuperación socioambiental pasa primero, por no seguir destruyendo los territorios y segundo, poner en valor los recursos naturales es decir, la protección legal de los espacios no degradados, así como las acciones en torno a esa protección: el turismo sustentable, el emprendimiento local y la educación ambiental”.
En octubre del año pasado, se originó el llamado “despertar chileno”, movilización social que salió a las calles demandando un cambio al modelo económico neoliberal que ha regido a Chile desde la dictadura. Hoy impulsa y da aliento a la resistencia de Puchuncaví y Quintero, cuyas demandas y organización tienen décadas de trayectoria. Demandas que hoy, ante la emergencia sanitaria y ambiental, son más que nunca necesarias de ser atendidas.
