A medida que se acerca el plebiscito del 25 de Octubre, la campaña por el Apruebo toma fuerza y la población chilena se apresta a sufragar con un alto nivel de optimismo sobre el futuro de nuestro país, a pesar de la situación de pandemia. En este marco, comienzan lentamente a surgir los debates acerca del contenido de nuestro futuro acuerdo social, que tomará forma en una nueva Constitución. Este debate se dará en contexto nacional y global de crisis climática y ecológica, expresado en múltiples dimensiones. Entre ellas cabe mencionar que nuestro país es uno de los 17 estados con mayor riesgo hídrico a nivel global, entre muchas otras dimensiones de esta complejo situación. Esto fundamenta la propuesta de que Nuestra nueva constitución debe ser Ecológica.
¿En qué consiste una Constitución Ecológica? En primer lugar, es un pacto social que busca construir una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. Día a día somos testigos de la devastación ambiental, que ya no es una amenaza futura, sino que una triste realidad presente. Frente a ella debemos luchar para detenerla lo antes posible, así como también comenzar una intensa preparación para hacer frente a los efectos que lamentablemente ya no podremos evitar. Hoy nos relacionamos con la naturaleza como algo ajeno a nosotros, cuando en realidad somos parte de ella, y la presente pandemia es el ejemplo más claro de esto. Es así como nos centramos en resolver los efectos de ella y no atacamos sus causas, el incesante avance de las fronteras de la explotación de los recursos naturales. En segundo lugar, una visión ecológica debe garantizar la urgencia con la que la sociedad comenzará a realizar la transición hacia un modelo económico sustentable. ¿Podemos proponer un modelo económico que tenga por indicador de éxito el crecimiento sin límites en un planeta finito? Asimismo, este proceso debe considerar los efectos negativos que este cambio puede tener en la condiciones de vida de las personas, garantizando la realización de una transición justa, que no haga cargar sobre los hombros de los trabajadores y las comunidades el impacto de las consecuencias negativas transitorias. No preveer esta realidad y trabajar para subsanarla, tendrá un efecto negativo en las condiciones de vida de las personas. Finalmente, dentro de los principios debe establecerse de forma clara la preocupación por nuestros descendientes que no pueden heredar un planeta devastado. Por ello, debemos consagrar el principio de justicia intergeneracional.
Ahora bien, ¿en qué afectará el cambio constitucional ecológico a la vida de las personas a lo largo del territorio nacional? La respuesta es: en muchísimo, en especial en la disputa por el poder y la autonomía de las regiones. Debemos potenciar la descentralización de las decisiones sobre los bienes comunes. Actualmente, las decisiones sobre la administración de paisajes y ecosistemas se decide en las cupulas de Santiago, totalmente alejadas de los conflictos sociambientales que viven los habitantes de otras regiones del pais. Una constitución ecológica generaría la oportunidad de que cada región tenga autonomía para tomar decisiones que cuiden su entorno. ¿Cuán distinta hubiera sido la prevención y resolución de la crisis del agua contaminada en Osorno, si la Constitución estableciera facultades y financiamiento suficiente a los Gobiernos Locales? ¿Cuánto más rápida sería la solución a la contaminación atmosférica que aqueja a las ciudades del sur del país?
Estas son sólo algunas razones por las que una Constitución Ecológica es urgente y necesaria. El desafío hoy es empezar a llenarla de contenido, para lo cual debemos contar con una amplia conversación y debate con participación ciudadana de todos los rincones del país. La justicia social, es justicia ecológica. Consolidar esa convicción en el pueblo chileno será uno de los criterios esenciales para evaluar el éxito del proceso constituyente.
Por Pedro Glatz